- Durante estas últimas semanas, el concepto ha saltado a la palestra a raíz de unas declaraciones de Javier Tebas que invitaban a recabar datos tanto de quienes retransmitían partidos de fútbol en sitios web ilegales como de quienes lo consumían.
- El Poder Judicial se ha visto obligado a corregir a La Liga a través de un comunicado aclaratorio: solo se perseguirán y requerirán datos de aquellos "que lleven a cabo actos de puesta a disposición o difusión, directa o indirectamente, de estos partidos, y saquen beneficio económico al compartir esta señal de la retransmisión de fútbol".
Javier Tebas, presidente de La Liga, ha protagonizado la última gran polémica en materia de protección de datos, bajo la perspectiva del bufete coruñés especializado en derecho digital, Pintos & Salgado.
Sus declaraciones, lanzadas a través de la red social X a mediados de marzo aprovechando el Auto número 8 del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona, generaron cierta preocupación entre los usuarios que consumían partidos de fútbol a través de portales 'pirata'. Se abrió la veda a una pregunta: ¿podrían multarles por realizar ese consumo en sitios web con distribución ilegal de retransmisiones deportivas?
Carla Cendán, abogada de Pintos & Salgado, contextualiza toda la polémica: "debemos
entender las declaraciones de Tebas por la propia situación de la Liga, que lleva años sufriendo pérdidas por no explotar ni controlar del todo la visualización de los partidos de fútbol".
Y esta falta de control está marcada por el cardsharing, la acción en la que un usuario legítimo decide difundir una señal para que otras personas puedan decodificarla y ver el contenido de forma 'no autorizada'.
"Ha habido un problema de desinformación en general, primero en redes sociales, pero luego amplificado por los medios de comunicación. Tebas, durante semanas, justificó que se podía perseguir no solo a los cardsharers, los que distribuyen la señal obteniendo un lucro económico, sino también a todos los consumidores", expone Cendán. Y continúa: "desde La Liga querían aprovechar la situación de incertidumbre para desincentivar el consumo ilegal, pero a través del miedo; que los consumidores no supieran de verdad si podían multarles y acceder a datos personales".
Porque el acceso a esos datos ha sido el otro gran debate dentro de la polémica. ¿Dónde están los límites a la hora de recabar la información de los usuarios que pirateen señales de retransmisión de partidos de fútbol? "El auto lo deja claro: no pueden obtener el DNI ni datos postales que vayan más allá de lo que figure en la instalación de la línea y la facturación. Lo que se precisa es identificar la dirección IP y aglutinar otros datos informáticos, pero nada más. Eso es suficiente para señalar quién está compartiendo la señal", responde la abogada de Pintos & Salgado.
Para poner fin a la polémica, el propio Consejo General del Poder Judicial emitió en marzo un comunicado que desmiente las declaraciones de Javier Tebas y aclara con rotundidad que solo se facilitarán los datos de "quienes comparten ilícitamente los contenidos [audiovisuales], es decir, únicamente de los cardsharers que re difunden a terceros la señal y obtienen un lucro con ello y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota".
Datos en situación de vulnerabilidad
Desde Pintos & Salgado resaltan la relevancia de que el ciudadano medio sea consciente de lo que implica el consumo de productos audiovisuales en sitios web ilegales. "Es cierto que a efectos económicos, no puede haber una multa al propio consumidor, pero existen otros factores que nos perjudican como usuarios con esta tipología de piratería digital", expone Carla Cendán.
Entre ellos, resalta "que en estas páginas ponemos muchos de nuestros datos personales en situación de vulnerabilidad, y nos arriesgamos a que malversen nuestro ordenador a través de la web ilegal, sustrayendo la información para venderla después".
Así que, aunque el delito en sí mismo esté constreñido al cardsharer, las consecuencias "van mucho más allá. Debemos ejercer un consumo consciente y saber que estos portales de piratería digital no actúan como una herramienta de visualización ni legal ni segura", según Pintos & Salgado.
